Cuenta regresiva 2030: las fisuras del desarrollo global y la transformación de la gobernanza sostenible

2015 fue un hito importante en la historia de la cooperación mundial. Ese año, la comunidad internacional no solo adoptó el Acuerdo de París, sino que también estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para los próximos 15 años; los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se convirtieron así en el marco de desarrollo asumido conjuntamente por los países. Diez años después, cuando quedan menos de cinco para 2030, el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025 publicado por las Naciones Unidas no ofrece un panorama alentador: solo el 18 % de las metas está en camino, el 17 % muestra avances moderados, casi la mitad progresa con lentitud y alrededor de una quinta parte ha sufrido retrocesos en medio de conflictos, cambio climático y fluctuaciones económicas. Esta situación indica que los desafíos de la Agenda 2030 han superado el mero rezago de indicadores específicos y exigen ser examinados desde la lógica profunda de la gobernanza del desarrollo global.

La verdad del progreso: el crecimiento no ha resuelto automáticamente la equidad

Durante la última década, el desarrollo global ciertamente ha logrado avances en algunos indicadores básicos. Aproximadamente el 60 % de los países con datos estadísticos alcanzó un crecimiento en el que los ingresos favorecieron más al 40 % más pobre de la población; la cobertura de la protección social aumentó del 42,8 % en 2015 a más del 50 % en 2023, lo que significa que más de la mitad de la población mundial tiene acceso a al menos alguna forma de protección social básica a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, la reducción de la pobreza extrema se ha desacelerado notablemente: todavía hay alrededor de 800 millones de personas en situación de pobreza extrema, lo que representa el 6,9 % de la población, una proporción apenas 1,5 puntos porcentuales inferior a la de 2015 y que probablemente tienda a estancarse en los próximos cinco años. En el África subsahariana, la población pobre sigue muy concentrada y el crecimiento económico a menudo se ve limitado por la débil recuperación pospandémica, los impactos climáticos y los efectos de contagio de la inflación mundial.

Más digno de atención es la estructura distributiva: el crecimiento de los ingresos no necesariamente se traduce en la disponibilidad de servicios públicos como salud, educación y vivienda. La mejora de los ingresos de los sectores más desfavorecidos proviene en su mayoría del empleo no formal o de pequeñas transferencias sociales, sin que exista una fuerza institucional que impulse la movilidad social ascendente. En el ámbito de la igualdad de género también se observa esa misma característica de “hay avances, pero la transformación es lenta”. La proporción de mujeres en los parlamentos aumentó 4,9 puntos porcentuales y la de mujeres en cargos directivos creció 2,4 puntos porcentuales; en apariencia, la participación está mejorando. No obstante, el Informe Global de Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial estima que todavía se necesitarán 123 años para eliminar por completo la brecha de género en el mundo. Esto no se debe simplemente a una insuficiencia de inversión de tipo lineal, sino sobre todo a que los sesgos estructurales en la división del trabajo familiar, la protección legal, el proceso educativo, la promoción empresarial y el presupuesto público aún no han sido realmente removidos.

La brecha de capital humano: salud pública, educación y capacidades digitales, todas bajo presiónLa pandemia causó un claro retroceso en los objetivos sanitarios mundiales. La esperanza de vida saludable aumentó cinco años entre 2000 y 2019, pero la pandemia la acortó en 1,8 años, lo que indica que los avances de salud pública acumulados durante décadas siguen siendo frágiles ante impactos de gran magnitud. Aunque la mortalidad de los niños menores de cinco años se redujo un 16% en 2023 con respecto a 2015, ese año murieron aún 4,8 millones de niños; la mortalidad materna descendió de 228 a 197 casos por cada 100 000 nacidos vivos entre 2015 y la actualidad, pero cada año más de 250 000 mujeres siguen muriendo por causas relacionadas con el embarazo o el parto. Aún más importante, los servicios de inmunización sistemática infantil, interrumpidos durante la pandemia, no han recuperado plenamente la intensidad de servicio anterior. Aunque la prevención y el control de la malaria, el VIH y la tuberculosis siguen mostrando tendencias positivas, el desequilibrio en la distribución de los recursos mundiales de salud pública no se ha eliminado.

La seguridad nutricional también representa una amenaza a largo plazo. En 2023, aproximadamente una de cada once personas en el mundo padecía hambre, y más de 2.000 millones enfrentaban inseguridad alimentaria moderada o grave. La inversión agrícola mundial alcanzó un nivel récord de más de 700.000 millones de dólares; los precios de los alimentos se han moderado desde sus máximos, pero siguen siendo significativamente más altos que antes de la pandemia de COVID-19. La tasa de retraso del crecimiento infantil ha caído 3,2 puntos porcentuales, pero solo el 34% de los lactantes y niños de 6 a 23 meses cumple el estándar mínimo de diversidad alimentaria, y solo el 65% de las mujeres de 15 a 49 años alcanza una diversidad alimentaria mínima, lo que afectará directamente al desarrollo cognitivo y a la productividad de las próximas generaciones.

La aparente «universalización» de la educación no ha resuelto el problema de la equidad. Entre 2015 y 2024, se incorporaron 110 millones de niños adicionales a la escuela en todo el mundo; la tasa de finalización de la educación primaria subió del 84,7% al 88,1%, y la de la educación secundaria superior, del 53,2% al 59,6%. Pero en el mismo período, el número de niños sin escolarizar aumentó un 3%: alrededor del 36% de los niños en edad escolar de los países de ingreso bajo no asisten a la escuela, frente a solo el 3% en los países de ingreso alto, y más de la mitad de los niños fuera de la escuela se concentran en el África subsahariana. La falta de oportunidades educativas se entrelaza a su vez con la brecha en infraestructura digital: aunque el uso mundial de Internet aumentó del 40% al 68%, en los países en desarrollo sin litoral es solo del 39%, y en los países menos adelantados, del 35%. La brecha de acceso a Internet entre hombres y mujeres es de 5 puntos porcentuales, lo que se traduce en cerca de 190 millones más de usuarios hombres que de mujeres. Las capacidades digitales están reconfigurando la distribución de las oportunidades educativas y de empleo, y esta nueva condición fundamental, distribuida de manera extremadamente desigual en todo el mundo, muy probablemente trasladará las desigualdades tradicionales a la era de la inteligencia artificial.El agua y el clima también están haciendo sonar las alarmas. La proporción de la población mundial con acceso a agua potable salubre subió del 68 % al 74 %, y los servicios de saneamiento básico pasaron del 66 % al 80 %, pero todavía hay un 10 % de la población expuesta a un estrés hídrico alto o severo. Al mismo tiempo, las temperaturas globales observadas han roto récords una y otra vez, superando ya el umbral de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París. Problemas como la subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, la degradación de los arrecifes de coral y los incendios forestales, provocados por el cambio climático, están ampliando la vulnerabilidad económica y ecológica de los países en desarrollo. Una señal positiva es que la mejora de la alerta temprana y de la capacidad de respuesta ante desastres ha reducido a la mitad la mortalidad por desastres naturales entre 2015 y 2023, lo que demuestra la eficacia de la inversión en adaptación. Sin embargo, las acciones de adaptación suelen ir muy por detrás del ritmo histórico de emisiones de las regiones con mayor concentración de responsabilidad en las emisiones, y la “transición justa” también exige que los países desarrollados proporcionen una financiación climática más estable a aquellos países con menos capacidades.

El déficit de cuatro billones de dólares: la profunda fractura de la financiación global para el desarrollo

El ODS 17 quizá sea el objetivo que mejor ilustra el verdadero desafío de 2030. El informe de la ONU estima que los países en desarrollo enfrentan cada año un déficit de financiación para el desarrollo sostenible de unos 4 billones de dólares, a la vez que asumen obligaciones de pago de deuda por alrededor de 1,4 billones de dólares. Aún más preocupante es que el informe correspondiente a 2025 muestra que la ayuda oficial al desarrollo ya se redujo un 7,1 % en el último año, y que en 2025 corre el riesgo de sufrir nuevos recortes.

Esto significa que los países en desarrollo que más necesitan invertir en sistemas de salud, escuelas, redes eléctricas y capacidad de adaptación climática son precisamente los que se ven atrapados en el servicio de deudas de alto costo. La contracción de la ayuda pública ha cambiado las condiciones de fondo de la cooperación internacional y ha puesto de relieve las limitaciones del sistema de financiación para el desarrollo existente. Apoyar la transición sostenible no puede depender solo de donaciones; también se requiere ampliar instrumentos diversos como la financiación mixta, los canjes de deuda, la recapitalización de los bancos multilaterales de desarrollo y los bonos soberanos verdes. Del mismo modo, es necesario reformar la arquitectura financiera internacional vigente para que los países en desarrollo y las economías emergentes tengan una mayor capacidad de fijar reglas en la mesa de decisiones. Si los criterios ESG se están convirtiendo gradualmente en un indicador central en la asignación del capital mundial, es precisamente porque, tras recibir esas lecciones sobre riesgos climáticos e interrupciones de suministro, los inversores han comenzado a comprender que la estabilidad social y ambiental a largo plazo se materializa en los rendimientos financieros.

Una ventana de cinco años: de las restricciones de la agenda a la remodelación de la capacidad de gobernanza del desarrollo

Con menos de cinco años por delante, alcanzar todos los ODS ya es muy difícil si se continúa en la trayectoria actual, pero el valor de la Agenda 2030 no debería reducirse a “cumplir las metas”. Su verdadero significado para la gobernanza global consiste en exigir que los países incorporen los riesgos de largo plazo en salud, educación, género, clima e infraestructura a sus presupuestos, leyes y lógica de inversión actuales. Aunque algunos indicadores concretos puedan llegar tarde, las “señales orientadoras” institucionales y de acción siguen desempeñando un papel direccional.Una cuestión más fundamental que ahora debe responderse es si la toma de decisiones colectiva a nivel global puede adaptarse a los riesgos complejos de un mundo fragmentado. La implementación de los ODS ha de ser más inclusiva, de modo que los gobiernos locales, las empresas, las fundaciones y las comunidades en general desempeñen un papel efectivo. Muchos de los resultados en sostenibilidad acaban manifestándose en ámbitos locales como el transporte urbano, la energía regional, la gestión del suelo y la salud comunitaria. En septiembre de 2025, el Foro Económico Mundial celebrará en Nueva York la reunión sobre el impacto del desarrollo sostenible, que intentará llevar esta colaboración entre múltiples partes interesadas a una nueva etapa; no obstante, el valor de estos diálogos seguirá dependiendo de si logran impulsar la convergencia continua de las reglas de asignación de capital, la sostenibilidad de las cadenas de suministro y las contribuciones determinadas a nivel nacional.

La ventana de 2030 quizá solo pueda sentar una base parcial para la próxima década o más, pero la resiliencia a largo plazo y la competitividad sostenible dependen realmente de las reformas de gobernanza que se pongan en marcha ahora. Para cualquier economía, la capacidad de ofrecer bienes públicos fiables —educativos, sanitarios, energéticos y digitales— determinará su posición en el próximo ciclo de riesgo mundial. No se trata de una narrativa sobre la «esperanza», sino de una cuestión racional de diseño institucional, prioridades fiscales y mecanismos mundiales de rendición de cuentas. Quedan cinco años para 2030 y, al mismo tiempo, es el mejor momento para construir el marco de la próxima década.