La "sopa de letras" de la policía encubierta transfronteriza: el vacío de rendición de cuentas en la gobernanza global

Cuando las operaciones encubiertas cruzan fronteras

La investigación sobre policía encubierta del Reino Unido (UCPI), creada en 2015, nació para investigar décadas de infiltración policial en organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, su ámbito de investigación quedó estrictamente limitado a Inglaterra y Gales. Esto significa que los despliegues encubiertos de agentes británicos en el extranjero —como los de Mark Kennedy, que apareció con frecuencia en Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, España e incluso Estados Unidos— casi nunca entraron en el foco de la investigación oficial. La identidad de Mark Kennedy fue destapada en 2010 y, desde entonces, los investigadores han descubierto que no fue un caso aislado.

Si se tratara solo de casos británicos, tal vez los mecanismos nacionales podrían absorber el problema. Pero la realidad es que detrás de estas operaciones encubiertas existe un complejo sistema de coordinación transnacional. En documentos gubernamentales, interpelaciones parlamentarias y estudios académicos, una serie de siglas —ARGOS, ESG, SENSEE, SCG, ISLE— ha ido saliendo a la luz. Los investigadores las han llamado «sopa de letras», en referencia precisamente a esas redes que existen para coordinar la vigilancia policial encubierta transfronteriza.

De Europa a lo global: una red de coordinación invisible

El boletín de Statewatch enumera al menos seis entidades conocidas de coordinación policial transnacional. La más representativa es ARGOS («Alianza Regional de Vigilancia»), liderada por Europol. Según documentos de Europol, su propósito es «vincular a grupos informales de expertos regionales» para que cada Estado miembro de la UE tenga voz en la red de vigilancia secreta de la Unión. ARGOS conecta tres redes regionales: el Grupo Europeo de Vigilancia (ESG), que cubre Europa occidental y septentrional; la Red de Expertos en Vigilancia del Sudeste de Europa (SENSEE); y el Grupo de Cooperación en Vigilancia (SCG).

ARGOS no es un proyecto de papel. En noviembre de 2015, la primera reunión de ARGOS se celebró en la sede de Europol en La Haya, y asistieron representantes de los 28 Estados miembros de la UE. En abril de 2018, Austria acogió una reunión de ARGOS con el tema «Vigilancia encubierta: necesidades y soluciones futuras», a la que asistieron 85 delegados de 32 países. Cada vez hay más indicios de que estos intercambios entre colegas, antes informales, se están institucionalizando. Europol y los presidentes de las redes forman una junta directiva y tienen previsto celebrar una asamblea conjunta cada tres años.

Un caso: dos agujeros negros de transparencia

El caso de Mark Kennedy revela cómo funcionan en la práctica estas redes. En 2012, el Gobierno alemán reconoció que en una reunión de 2011 del Grupo Europeo de Cooperación para Actividades Encubiertas (ECG-UA) se había debatido el despliegue de Kennedy. Es decir, las redes transnacionales no solo intercambian información o imparten formación, sino que también discuten directamente estrategias de infiltración contra un movimiento social concreto. Cómo deciden estas reuniones los objetivos, cómo comparten la información y cómo autorizan los países su participación: todo es un agujero negro.En segundo lugar, los mecanismos de investigación internos de los países no pueden alcanzar estas redes transnacionales. El ámbito de competencia de la Comisión de Investigación del Reino Unido se limita únicamente a Inglaterra y Gales, por lo que las acciones de los agentes encubiertos británicos en el extranjero no están sujetas a la jurisdicción de la investigación británica, ni se ha visto que los gobiernos extranjeros hayan ofrecido una respuesta sistemática. La ausencia de un sujeto responsable hace que estas operaciones policiales queden de facto al margen del Estado de Derecho. Incluso si alguien afirma que dicha cooperación se dirige principalmente contra la delincuencia grave y organizada, la experiencia británica ya ha demostrado que la etiqueta de "extremismo doméstico" es suficiente para convertir a manifestantes pacíficos en objetivos de infiltración.

Advertencias de ESG desde la perspectiva de la gobernanza global

Si se examina desde el marco de la investigación del desarrollo internacional, las redes policiales secretas transnacionales no son un fenómeno aislado, sino parte del sistema de gobernanza de la seguridad global. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 exige la creación de "instituciones eficaces, responsables e inclusivas". Sin embargo, cuando las redes de coordinación policial quedan fuera de la supervisión parlamentaria y carecen de casi cualquier mecanismo de revisión independiente, este objetivo tropieza con obstáculos estructurales.

Desde la dimensión ESG, el núcleo de la "G" (gobernanza) reside en la claridad de responsabilidades, la rendición de cuentas transparente y las garantías del Estado de Derecho. Las redes transnacionales de vigilancia presentan precisamente un déficit evidente en estos aspectos. Para las instituciones inversoras, las organizaciones internacionales y los socios no gubernamentales, el comportamiento transnacional del sistema policial de un país está directamente relacionado con la calidad de su gobernanza interna. Si un Estado puede infiltrarse por medios secretos en grupos de la sociedad civil, su credibilidad en materia de gobernanza se verá necesariamente dañada, y ese daño se extenderá también a la fiabilidad de su cooperación internacional al desarrollo.

Este asunto también encierra una advertencia para el Sur Global. Muchos países en desarrollo, al recibir formación policial, equipos y asistencia técnica, a menudo necesitan firmar acuerdos de cooperación horizontal con instituciones o socios europeos. Si en estos acuerdos se insertan redes de vigilancia carentes de garantías de transparencia, se podría fomentar la represión interna de la disidencia, reducir el espacio cívico y, en última instancia, socavar los resultados del desarrollo. En la cooperación internacional al desarrollo, el fortalecimiento de capacidades de aplicación de la ley y la protección de las libertades civiles deben avanzar de manera simultánea; de lo contrario, la ayuda puede convertirse en un amplificador de los déficits de gobernanza externos.

La transparencia no es lo opuesto a la eficiencia

Europol y las redes relacionadas siempre han subrayado la importancia de coordinar las operaciones transfronterizas para combatir la delincuencia, y esa necesidad difícilmente puede negarse. Sin embargo, la búsqueda de eficiencia policial no puede lograrse a costa de eludir sistemáticamente la rendición de cuentas democrática. Como señala el boletín de Statewatch, a través de solicitudes de acceso a la información e interpelaciones parlamentarias, los investigadores ya han podido reconstruir los contornos de estas redes. Pero estos canales siguen siendo limitados: a las instituciones externas les resulta muy difícil conocer las decisiones concretas de las reuniones de ARGOS, y mucho menos someter a una revisión judicial una operación encubierta específica.

El nuevo mecanismo del grupo de supervisión conjunta del Parlamento Europeo ya ha proporcionado cierto cauce de supervisión para Europol, pero se enfrenta a una red compleja, estratificada y que abarca países no pertenecientes a la UE. En aquella reunión de ARGOS celebrada en Austria, los 32 países participantes no eran todos miembros de la UE, ni estaban todos bajo la jurisdicción del Parlamento Europeo. Evidentemente, apoyarse únicamente en el marco institucional de la UE no puede cerrar la brecha de rendición de cuentas.La perspectiva de largo plazo de la investigación sobre el desarrollo global nos recuerda que cualquier organismo secreto de poder, si carece de contrapesos externos, acabará erosionando la confianza social. Si los ciudadanos pueden ser vigilados por la policía secreta extranjera cuando se reúnen pacíficamente, y la policía de su propio país ni siquiera tiene que rendir cuentas por sus actos, entonces la palabra “Estado de derecho” pierde su sentido.

Conclusión: hacer que la “sopa de letras” sea trazable

Desenredar la sopa de letras no solo sirve para reconstruir un episodio de la historia de los agentes encubiertos, sino para garantizar que la futura cooperación transfronteriza en materia de aplicación de la ley pueda basarse en el pleno respeto de los derechos humanos y en un claro mandato democrático. Todos los países, antes de incorporarse a las redes multilaterales de aplicación de la ley, deberían definir de antemano los límites de sus facultades y los mecanismos de supervisión.

Las agencias de desarrollo internacional, las organizaciones de derechos humanos y los investigadores académicos deberían seguir impulsando auditorías de transparencia del sector de seguridad y promover que la cooperación policial se integre en los marcos de evaluación de la gobernanza global. No se trata solo de preguntar qué ha hecho la policía en el extranjero, sino que también es necesario establecer un sistema que permita a los ciudadanos conocer los límites, presentar quejas y corregir las desviaciones. De lo contrario, la gobernanza sostenible no será más que papel mojado.